Video sobre las declaraciones en un programa de radio (The American Awakening) acerca de la reunión secreta del Congreso el 13/03/2008, posibilidad de revueltas civiles, la ley marcial y el Estado Policial. Para ver los subtítulos en castellano, cliquear en el botón a la derecha del volumen
Comentario: En función del pronóstico del GEAB respecto al posible default de los EE.UU. para 2009, me pareció interesante agregar otras fuentes que hablan de preparativos para declarar ley marcial en caso de serios disturbios. En el anexo, otro artículo habla de un documento conocido por el Congreso de EE.UU. que apunta también hacia el 2009 como "el" año para una cesación de pagos de parte del gobierno estadounidense y para la imposición de la ley marcial ante las serias revueltas producto de esa situación.
En el video que encabeza el post, y yendo más allá en las especulaciones, se habla de una reunión secreta del Congreso estadounidense el 13 de marzo de 2008, donde supuestamente se habría tocado el tema de la ley marcial a raiz del agravamiento, a fines de 2008 o mediados de 2009, de la crisis financiera.
Nota: los vínculos son todos a las fuentes originales en inglés, referenciadas en el artículo.
ACLU demanda información sobre operaciones domésticas de militares estadounidenses
Por Tom Burghardt
Viernes 24 de octubre de 2008, Inteldaily.com
El martes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó un pedido de la Ley de Libertad de Información (FOIA) exigiendo información al Gobierno sobre el despliegue del Comando Estadounidense del Norte (Northcom) del 1º Grupo de Brigada de Combate (BCT) de la 3ª División de Infantería en suelo estadounidense para tareas por "disturbios civiles" y "control de muchedumbres".
El mes pasado, Army Times publicó un escrito detallando cómo el 1º BCT pasó "35 de los últimos 60 meses en Iraq." El 1º BCT - también conocido como los "Redadores" - llevaron a cabo incursiones domiciliarias y participaron en combates cercanos en la ciudad de Ramadi para suprimir la resistencia iraquí a la ocupación estadounidense, según un informe de la World Socialist Website.
Los lectores recordarán mi escrito del 11 de octubre, "Militarizando la Patria: Fuerza de Tareas Conjuntas para Apoyo Civil del NORTHCOM," que describía el ejercicio Respuesta Vibrante del NORTHCOM en Fort Stewart, Georgia.
Junto con la Brigada élite 82ª de Combate Aéreo, el 1º BCT participó en simulacros de prueba diseñados para "coordinar con los gobiernos locales y las organizaciones inter-agencia tales como el FBI y la Administración Federal de Dirección de Emergencias (FEMA)," informó el U.S. Northern Command News.
El Pentágono reveló que el 1º BCT es un componente clave de la Fuerza de Tareas Conjuntas para Apoyo Civil del NORTHCOM ( JTF-CS ), diseñado para "ejecutar tanto misiones en defensa de la patria y de apoyo civil". Como manifesté en un escrito a principios de este mes, la actual doctrina del Ejército está muy ponderada hacia la planificación de contingencia por "disturbios civiles".
De hecho, Army Times informó que el 1º BCT estaría equipado con "el primer paquete no letal que el ejército haya desplegado." La publicación informó que "el paquete incluye equipamiento para defender un precipitado bloqueo de carretera; dispositivos para desinflar neumaticos para disminuir, detener o controlar el tráfico; escudos y bastones; y, perdigones". Pero después de derramar los proverbiales frijoles, Army Times retiró esa parte de su informe.
NORTHCOM ahora afirma que un paquete de armas "no letales" estaba destinado sólo para usarse en Irak y no en el "heimat" (patris en alemán). En opinión de este escritor, esto no es más que una débil movida del Pentágono para tergiversar una historia que ha cobrado mucha publicidad desfavorable desde que apareció por primera vez.
Las reglas para operaciones militares nacionales, incluyendo una fuerza armada para suprimir "disturbios civiles," son enunciadas claramente en la Directiva 3025.12 del Departamento de Defensa (DoD 3025.12), "Asistencia Militar para Disturbios Civiles" (MACDIS). La doctrina del Ejército y las normas de intervención para disturbios civiles y la planificación de "control de disturbios" han recomendado desde hace tiempo equipar a las tropas con armas "no letales" (NLWs) para lo que el Pentágono eufemísticamente llama "operaciones distintas a la guerra".
Como el investigador y activista Frank Morales informara en América Estado Policial, el Centro para Lecciones Adquiridas del Ejército (CALL), ubicado en Fort Leavenworth, Kansas, "reaccionando a un creciente sentido de urgencia para desplegar armamento acorde a los requisitos de la mundialización, publicó un manual sobre el tema, titulado, Disturbios Civiles: Incorporando Tecnología No-Letal, Táctica, Técnicas y Procedimientos," en el año 2000. ¿Por qué el Pentágono ahora está tan vacilante en reconocer abiertamente los planes para el uso de NLWs en la "patria"?
Desde finales de la década del '60, los militares han ampliado gradualmente sus pautas hasta incluir aplicación de leyes nacionales, la interdicción de drogas y la seguridad de las fronteras, en clara violación a la ley Posse Comitatus. La ley de 1878 exceptúa específicamente el uso militar en la policía nacional. Sin embargo, la tendencia hacia la militarización de la naturaleza inherentemente civil del control local de la aplicación de la ley se ha acelerado desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, más infamantemente con la creación en octubre de 2002 del mismo NORTHCOM.
Desde entonces el mandato original del Comando Norte de EE.UU. para "proporcionar comando y control de los esfuerzos en defensa de la patria del Departamento de Defensa (DoD) y para coordinar el apoyo en defensa a las autoridades civiles," se ha expandido con la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional Nº 51 y la Directiva Presidencial de Seguridad de la Patria Nº 20 de Mayo de 2007 (NSPD 51/HSPD 20).
De hecho, como anteriormente se informó, los anexos top secret sobre Continuidad del Gobierno de las NSPD 51/HSPD 20 han sido negados a los miembros del Congreso; una clara movida de la Casa Blanca para inhibir al poder legislativo de realizar sus legales funciones de supervisión. ¿Qué es entonces, lo que la administración Bush esconde al Congreso y al pueblo estadounidense?
El ACLU delimita el terreno jurídico acerca de la erosión del Posse Comitatus y declara:
Las autoridades civiles, no las militares, han históricamente controlado y dirigido los asuntos internos de Estados Unidos. Esta regla se remonta en sus orígenes hasta la fundación de la nación y ha sido reafirmada en estatutos históricos, incluyendo la ley Posse Comitatus, que ayuda a preservar los principios fundamentales de nuestra Constitución y democracia. ("ACLU demanda información sobre el despliegue militar dentro de las fronteras de EE.UU.," comunicado de prensa, 21 de octubre de 2008).
Jonathan Hafetz, un abogado de planta que participa en el Proyecto de Seguridad Nacional del ACLU pregunta: "¿Cuál es la misión de la unidad? ¿Qué funciones realizará? Y ¿por qué era necesario desplegar la unidad en lugar de confiar en los organismos y el personal civiles y la Guardia Nacional? Dada la magnitud de las cuestiones que están en juego, es imperativo que el pueblo estadounidense conozca la verdad acerca de esta nueva intromisión sin precedentes de los militares en los asuntos internos".
De hecho, los altos mandos del NORTHCOM han repetidamente esquivado estas preguntas. Durante una emergencia, afirman que los JTF-CS "apoyan" a la "Agencia Primaria Federal [PFA]... designada para coordinar la respuesta del Gobierno ante un desastre o una situación de emergencia." Pero "apoyo" a un organismo civil no es lo mismo que un papel subordinado al liderazgo civil. Esto está afirmado inequívocamente por NORTHCOM: "Aunque el JTF-CS apoya a la PFA durante una operación de manejo de consecuencias CBRNE (Químicas, Biológicas, Radiológicas, nucleares y altamente explosivas), la unidad funciona dentro de una clara cadena de comando del Departamento de Defensa."
En otras palabras, la "cadena de mando" seguida por el JTF-CS comienza y termina con la Rama Ejecutiva y el Presidente en su papel de líder de la "Rama Única del Ejecutivo" y de Comandante en Jefe. Como señala el ex denunciante del FBI y alto consejero de política nacional del ACLU, Mike German, "este es un cambio radical en la separación de la aplicación civil de la ley y la autoridad militar y, posiblemente, podría representar una violación a la ley."
Para facilitar una evaluación abierta y pública de los recientes despliegues militares en la "patria", el ACLU exigió que los Departamentos de Justicia, de Seguridad Nacional y de Defensa "inmediatamente hagan públicas todas las opiniones jurídicas, las órdenes ejecutivas, las directivas presidenciales, los memos, la orientación normativa y otros documentos que autorizan el despliegue de tropas militares con fines domésticos."
Se plantea tal demanda precisamente debido a la expansión sin precedentes del complejo nacional de vigilancia de seguridad de EE.UU. desde los atentados del 11 de septiembre. Como el grupo de libertades civiles nos lo recuerda deliberadamente:
El Departamento de Defensa ha ampliado considerablemente su papel en la aplicación nacional de leyes y en operaciones de inteligencia, incluyendo programas de escuchas telefónicas sin orden judicial de parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), el uso de satélites espías militares de parte del Departamento de Seguridad de la Patria, y la participación de personal militar en centros de fusión de inteligencia estatales y locales. El ACLU ha repetidamente expresado su preocupación por estas crecientes invasiones de los militares en los asuntos internos, y la asignación de tropas en servicio activo para el Comando Norte sólo aumenta estas preocupaciones.
Lamentablemente, algunos, si no la mayoría de los miembros del Congreso, en lugar de defender los derechos del pueblo estadounidense más bien re-escribirían el Posse Comitatus para reflejar las necesidades de una "Rama Ejecutiva desaforada". Como David Swanson informó en AfterDowningStreet.org, el Senador John Warner escribió a un constituyente que había expresado alarma ante el aditamento del 1º BCT al NORTHCOM. Swanson comentó:
Este, como otros cambios impuestos por el Presidente Bush, por supuesto viola la ley Posse Comitatus. También sirvió para fortalecer las amenazas de ley marcial que el Congresista Brad Sherman informó que la Casa Blanca hacía a los miembros del Congreso para ganar su apoyo para la entrega de 780 mil millones de dólares a Wall Street. (David Swanson, "Sen. Warner Apoya Uso Doméstico de los Militares, AfterDowningStreet.org, 21 de octubre de 2008)
Reclamando que está "profundamente preocupado de que el Departamento de Defensa y el Presidente no puedan tener autoridad para utilizar personal en servicio activo de la manera más eficaz", escribe Warner:
Creo que tenemos que revisar la ley Posse Comitatus de 1878 y disposiciones similares que limitan el papel de los militares en servicio activo para garantizar que cada activo disponible sea correctamente empleado en cualquier tipo de futura situación de emergencia. Título 18, Sección 1385 del Código de Estados Unidos, conocido comúnmente como la ley Posse Comitatus, impide que las fuerzas armadas se involucren en actividades de aplicación de las leyes para las cuales, en la mayoría de los casos, no están específicamente entrenados o equipados. Posse Comitatus están en gran medida basado en la tradición histórica que prohíbe la participación de los militares en los asuntos civiles.
Para ser más precisos, no creo que la ley estadounidense relativa a esta cuestión deba reescribirse totalmente. Si creo, sin embargo, que es necesario que revisemos los reglamentos que gobiernan el uso de personal militar en operaciones nacionales para poder comprender mejor cómo todos nuestros activos militares pueden contribuir mejor durante situaciones de emergencia.
Los lectores atentos recordarán que "la ley de Autorización de Defensa Nacional de John Warner para el año fiscal 2007," incluía una sección que permitía al Presidente desplegar a las fuerzas armadas para "restaurar el orden público" o para "suprimir cualquier insurrección." Como Amy Goodman de Democracy Now informó anteriormente en este mes, "mientras que una ley posterior derogó esto, el presidente Bush adjuntó una declaración firmada sobre que él no se sentía obligado por la derogación."
Las preocupaciones del ACLU están plenamente justificadas y demandan una evaluación imparcial de las peligrosas consecuencias para la democracia, especialmente a la luz de la actual crisis económica capitalista. A medida que el histórico derrumbe se profundiza, las tensiones sociales - y las luchas - inevitablemente se intensificarán. Como el investigador y analista Michel Chossudovsky escribió:
Los disturbios civiles resultantes del derrumbe financiero son una clara posibilidad, dado los amplios impactos del colapso financiero sobre los ahorros de toda una vida, los fondos de pensiones, la propiedad de la vivienda, etc..
La sincronización de esta militarización planificada es crucial: ¿cómo afectará a las elecciones presidenciales previstas para el martes 4 de noviembre?
La brigada en sus actividades a nivel doméstico será designada como Fuerza de Respuesta para Manejo de Consecuencias (CCMRF).
¿Que "Consecuencias" se prevéen? ("La Militarización Pre-electoral de la Patria Norteamericana. Tropas de Combate estadounidenses en Iraq repatriadas para 'Ayudar con los disturbios civiles'," Global Research, 26 de septiembre de 2008)
Mientras que el Estado justifica este despliegue como una respuesta a las "amenazas terroristas", ¿qué otros escenarios se contemplan?
Con informes diarios de manejos para suprimir votantes de parte del Partido Republicano en varios estados "de batalla" golpeando a los medios corporativos, y una exposición importante de estas operaciones antidemocráticas por parte de Robert F. Kennedy Junior y Greg Palast publicado en Rolling Stone, los planes de Washington para el uso de la fuerza militar en casa es una daga apuntada directamente al pueblo estadounidense - y a lo que queda de una república democrática - por parte de una elite gobernante matona y en bancarrota.
Anexo: FEMA confirma próxima ley marcial
por Wayne Madsen
WayneMadsenReport.com (WMR) y Global Research
WMR ha sabido de informadas fuentes de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) que la administración Bush está poniendo los últimos toques a un plan que vería declarada a la ley marcial en los Estados Unidos con distintos escenarios previstos como desencadenantes. Los desencadenantes incluyen un continuo colapso económico con masivos malestares sociales, cierre de bancos, resultando en violencia contra las instituciones financieras, y otra elección presidencial fraudulenta que resultaría en disturbios en las principales ciudades y campus de todo el país.
Además, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército informa que la asignación del 1º Grupo de Brigada de Combate (BCT) de la 3ª División de Infantería al Comando Norte del Ejército de EE.UU. es para incrementar la aplicación de leyes federales y de la FEMA en la imposición de controles de tráfico, control de multitud, toques de queda, mejorada seguridad portuaria y de fronteras, y patrullajes barriales en caso de que se declare una emergencia nacional. El BCT fue asignado a funciones en Iraq antes de ser asignada al Comando Norte.
El 3 de abril de 2008, WMR informó sobre un documento altamente clasificado referido al escenario de ley marcial:
WMR ha sabido de informadas fuentes dentro de la comunidad financiera de EE.UU. que un alarmante y confidencial documento de limitada distribución está circulando entre altos funcionarios del Congreso y sus miembros de gabinete que está advirtiendo acerca de un futuro sombrío para los Estados Unidos si rápidamente no pone su casa financiera en orden. La Portavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi está entre aquellos que supuestamente han leído el documento.
Al documento se lo llama el documento C & R porque supuestamente declara que si los Estados Unidos entran en cesación de pagos sobre los préstamos y deudas suscriptos con China, Japón y Rusia, todos las cuales están sosteniendo al Gobierno de los Estados Unidos financieramente, y si Estados Unidos unilateralmente cancela las deudas, América puede esperar una guerra que tendrá resultados desastrosos para los Estados Unidos y el mundo. "Conflicto" es la "palabra C" en el documento.
El otro escenario es que el gobierno federal se verá obligado a aumentar drásticamente los impuestos para pagar las deudas a los países extranjeros hasta el punto en el que el pueblo estadounidense reaccionará con una revolución popular contra el Gobierno. "Revolución" es la "palabra R" en el documento.
